PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO- César Alfredo Borzone – Alejandro Colli

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y PROCESOS DE MERCANTILIZACIÓN
LA RELACIÓN ENTRE EL ESTADO, LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
Y LA COMUNIDAD CIENTÍFICA.

César Alfredo Borzone – Alejandro Colli

Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”

cesarborzone75@yahoo.com.ar

A MODO DE INTRODUCCIÓN

El presente trabajo intenta presentar, en el marco de la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios y la restitución del patrimonio cultural de estos últimos, un modo de abordar las relaciones complejas que se entretejen entre el patrimonio arqueológico y los procesos de mercantilización, a partir de la consideración de diversos actores sociales: el Estado nacional, la comunidad científica, los organismos privados, y los pueblos originarios, entre otros.

El objetivo consiste en abordar aquello que es denominado como patrimonio arqueológico nacional -que no posee una definición unívoca, sino multiplicidad de interpretaciones-, la utilización política de dicho patrimonio por parte del Estado, así como también la creación de instituciones paradigmáticas, como los museos, en los que se presentan los materiales como exhibición de culturas muertas o primitivas, negando, más o menos encubiertamente, el derecho y la propiedad que sobre el mismo tienen las comunidades indígenas.

Para esto, es necesario retomar lo que se denomina procesos de mercantilización del patrimonio, que se observa a partir de las diversas formas de explotación económica del mismo planteadas por la configuración que ha adquirido el Estado y el Mercado bajo los supuestos del paradigma del capitalismo posmoderno y globalizado.

Se recurre a la figura del turismo como forma de explotación económica del patrimonio arqueológico basado en el consumo y la dominación, que implica simultáneamente el beneficio de determinados grupos sociales y el menoscabo de los derechos políticos, económicos y culturales de los pueblos originarios.

Estas reflexiones no pueden ser conceptualizadas sin considerar el rol del Estado. El Estado constituye una forma particular de las relaciones sociales, es decir, no es simplemente una institución, ni un aparato y lo que refiere a lo estatal no es tan sólo la función desempeñada, sino la forma histórica en que se desempeña. (Menéndez, 2004)

Las políticas sociales se instalan como modalidades del Estado interviniendo en las cuestiones sociales y en las condiciones de posibilidad de derechos de ciudadanía. Éste, en tanto promotor de leyes, políticas sociales y culturales, confiere determinados derechos a lo pueblo originarios, a la vez que es uno de los actores involucrados en la promoción de la explotación económica del patrimonio cultural de dichos pueblos. La supuesta contradicción lógica, no hace más que poner en evidencia la posibilidad de ser y no ser al mismo tiempo, ya no como incoherencia, sino como condición de posibilidad.

Finalmente, a partir de retomar los diálogos que se están generando entre la comunidad científica y los pueblos originarios, a partir del reclamo de estos últimos, se podrá reflexionar sobre la función social que cumple el arqueólogo, y sobre el quehacer arqueológico y su posición frente a las comunidades indígenas, al Estado, y a la comunidad académica de la cual forman parte.


¿DE QUE HABLAMOS CUANDO DECIMOS PATRIMONIO ARQUELÓGICO?

Conceptualización del patrimonio
Mantecón (2005), retomando los aportes de García Canclini (1987), define al patrimonio como una construcción social. Esto es, como una cualidad que se le atribuye a determinados bienes que son seleccionados como integrantes del patrimonio de acuerdo con jerarquías que valorizan algunas producciones en detrimento de otras. Es decir, la construcción del patrimonio implica una “operación dinámica, enraizada en el presente, a partir del cual se reconstruye, selecciona e interpreta el pasado.” (Mantecón 2005: 65)

Esta selección y preservación del patrimonio se entiende como una actividad productiva, creadora de valor económico, simbólico y político, que requiere necesariamente abordar las dinámicas que se despliegan entre los grupos hegemónicos y los pueblos originarios. Estos últimos pueden definirse, según Moscovici (1986), como minorías activas lo que los convierte en posibles fuentes de influencia social, y por lo tanto, de transformación de la realidad.

Las dimensiones de valor mencionadas están interrelacionadas, y sobre el conjunto de ellas es que opera el proceso de apropiación social de esos bienes. De este modo, se afirma que el patrimonio cultural está formado por “un conjunto de elementos a los que liga el destino común de ser proveedores de un sentido de comunidad, de pertenencia, de identidad, a condición de ver abolidas sus conexiones preexistentes con otros conjuntos expropiados y empobrecidos; bienes que a sus creadores ya no les pertenecen y han sido succionados hacia otros círculos de utilización, engarzados en otros contextos para cumplir funciones nuevas cuya significación les es ajena.” (Gorosito Kramer 1989 en Delfino y Rodríguez 1995 : 49)

El patrimonio designa objetos, materiales y simbólicos, generando interrogantes sobre sÍ mismos, lo cual implica una dimensión temporal por ser éstos –los objetos incluidos en el patrimonio- bienes legados por las generaciones pasadas. Estos objetos o situaciones en si no son arqueológicos o culturales, sino que son significables. Es decir, susceptibles de receptar diversos significados en diferentes contextos, significados que son elaborados por los sujetos y asignados a los objetos en el proceso uso-relación.

Los elementos del patrimonio cultural tienen una significación particular en función del contexto sociocultural, aunque al ser apropiados por otros grupos sociales y ser implantados en nuevos contextos, se produce un proceso de resemantización. Los bienes que hoy se incluyen en la categoría de patrimonio fueron producidos en el pasado con fines diversos, distintos en su conjunto de los que se les asigna en la actualidad.

Museos y sitios: La utilización política del patrimonio
Durante el proceso de conformación de los estados nacionales, a la vez que se expandían las fronteras agrarias en detrimento de la población indígena y su proletarización forzosa, se adoptaron determinadas políticas culturales para la consolidación de la identidad nacional. En este marco, los museos fueron las “instituciones paradigmáticas (...) que se crearon junto con el desarrollo de la noción de patrimonio histórico y cultura nacional” (González Montes 2005 : 1)

En esta línea, los objetos y restos humanos de los pueblos indígenas seleccionados a partir del proceso de patrimonialización, son expuestos como material de culturas primitivas y atrasadas, las cuales son superadas por la civilización occidental (sic). Estos materiales allí expuestos, son exhibidos como botines de guerra, de la guerra que libró el estado nacional contra los pueblos originarios, en la que “redujeron a restos arqueológicos lo que una vez fueron sociedades vivientes (...) muertos lo indios, sus restos culturales son exhibidos con deleite necrofílico en las vitrinas de los silenciosos museos-catacumbas actuales, (...) esos restos y la memoria de las sociedades que los produjeron les son expropiados a sus descendientes, son resemantizados y apropiados por las clases hegemónicas.”(Delfino; Rodríguez 1995: 45).

Los objetos museificados son tratados desvinculadamente de su historia, de las relaciones sociales que les dieran origen y sentidos, así como también de los descendientes de los autores de dichos objetos.(Rocchetti 1998)

Los estados nacionales han recurrido a la arqueología como disciplina que le otorga una visibilidad al pasado social y político, a partir del montaje de sus materiales en los museos, dando lugar a los estereotipos del uso del pasado como política, despojados de sus significaciones originales. En este sentido, la exhibición de culturas en las salas correspondientes a las ciencias del hombre en el Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de La Plata, presentadas como muertas o primitivas, corresponde a la aplicación de una política que necesitó, para poder afianzar la figura del ser nacional, de una conquista sobre un interior considerado como bárbaro.
“Del mismo modo que en los últimos dos siglos los museos europeos constituyeron sus colecciones sobre la base del saqueo de bienes culturales a sus colonias, los grandes museos nacionales, lo hicieron sobre el despojo del interior. Esta estrategia reprodujo una suerte de "colonialismo interno", bajo el signo ideológico del positivismo y el proyecto político de la Generación del '80.” (Delfino y Rodríguez 1992: 2)

Los párrafos previos permiten reflexionar sobre el lugar social de los museos, definiendo a los mismos, según Lappassade (1979) como un analizador. Los analizadores se constituyen como herramientas de análisis y de intervención institucional que catalizan las significaciones, permitiendo hacer visible aquello que estaba oculto y disimulado en el conjunto del sistema. Según Lourau (1994), es toda persona, situación u objeto que permite revelar la estructura de la institución, que la obliga a hablar. Al igual que la producción de subjetividad al interior de las fábricas o de las compañías, en los museos se “producen modelos de comportamientos, mantienen normas sociales, integran a sus usuarios dentro del sistema total (...) un fragmento de la clasificación social y la lucha de clases” (Lourau 1994: 13)


¿ESTADO O MERCADO?: SOBRE LOS PROCESOS DE MERCANTILIZACIÓN

Globalización y sistema capitalista
La globalización se define como una nueva narrativa al interior del sistema capitalista basado en multiplicidad de intercambios culturales y económicos. La globalización constituye un proceso en el que a partir de la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, se unifican mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. (García Canclini. 2002)

Los modos de producción y de movimientos de capital se configuran a escala planetaria, mientras los gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo que se ha denominado la sociedad en red. La globalización corresponde a la etapa del capitalismo, conceptualizado como desorganizado, de acumulación flexible o posfordismo, en la que “los procesos de concentración y centralización del capital adquieren mayor fuerza, envergadura, alcance. Invaden ciudades, naciones y continentes, formas de trabajo y de vida, modos de ser y de pensar, producciones culturales y formas de imaginar" (Ianni en Bayardo 1997).

Este proceso da lugar al surgimiento de regiones supranacionales, las cuales buscan constituirse en nuevos polos de poder económico y político. Conlleva una complejidad multidimensional al converger en ella procesos económicos, comunicacionales, y migratorios, que acentúan la interdependencia entre distintas clases sociales de muchas sociedades, y generan una interconexión supranacional superior a cualquier etapa anterior. Lo que hace de este proceso una máquina homogeneizante y segregante son las desigualdades y asimetrías de los intercambios que se establecen.

Lo que se plantea supone que la ecuación patrimonio-identidad nacional se ve desplazada por la de patrimonio-venta-consumo, guiada por una nueva lógica: la del Mercado. La articulación de la lógica del Estado, junto con la lógica del Mercado, permite abordar la cuestión patrimonial como algo cada vez más cercano al turismo y a los medios de comunicación. Al patrimonio se le ha asignado un valor económico que está basado en la explotación, ya no ilegal, sino legalizada del mismo.

Esto no significa que se hayan abonando prácticas asociadas al tráfico ilegal de piezas arqueológicos, cuyos principales consumidores siguen siendo los coleccionistas. Dentro del marco de la legalidad, se registra como aumenta la explotación económica del patrimonio de los pueblos originarios, por parte de nuevas entidades privadas, como el Estado, principalmente a través del turismo en museos, sitios y paisajes arqueológicos, resemantizando constantemente sus significados.

El patrimonialismo cultural se basa en una formación económica capitalista, la cual necesita destruir los principios comunitarios de los pueblos originarios y transmutar en fuerza de trabajo libre a los aborígenes y su descendencia.

Las políticas culturales
La conversión a una nación unificada requirió de procesos de comunalización que implicaron el uso del pasado como política, es decir, que para legitimar al estado-nación se pusieron en marcha mecanismos que incluyeron: sentido de pertenencia, espacios donde se jueguen los signos diacríticos de la nación, y finalmente, los medios para lograr acuerdos mediatizados por los imaginarios sociales.

Las políticas surgidas de los estados nacionales en el proceso de construcción de la hegemonía de la clase dominante, se centraron en la expropiación de la autonomía simbólica y material de los pueblos originarios, es decir, se apropiaron política y materialmente de las expresiones sociales de los oprimidos. (Díaz Polanco. 2000)

Las políticas culturales abarcan todas las intervenciones del Estado y de las organizaciones civiles sobre lo simbólico, permitiendo así la construcción de la hegemonía política y la integración y asimilación sin tener en cuenta el proceso clase-etnia. La apropiación del Estado de los bienes culturales denominados como patrimonio arqueológico nacional, sirve a las clases hegemónicas para legitimar su dominio en una continuidad temporal ficticia.

La utilización del capital simbólico que ofrecen museos, arte de consumo y artesanías populares en términos de patrimonio cultural, permite la construcción de una matriz para la sustentabilidad de una identidad que sea la expresión social e ideológica de pertenencia a la nación. Esto se logra a través del control de la identidad mediante la expropiación de los elementos que la constituyen o por su reducción al patrimonio cultural oficial. Hoy las políticas culturales implementadas por el Estado, en tanto relación con los pueblos originarios, se basan en la apropiación-explotación del patrimonio de los mismos.


Nuevos ropajes para viejas prácticas sociales de apropiación: La explotación del turismo
El patrimonio, como se fue definiendo en las páginas anteriores, constituye un espacio de disputa económica, política, social y cultural en lo que respecta a su uso. El patrimonio cultural se convirtió en un recurso para la actividad turística lo cual significa la configuración de un entramado de diversos actores, cada uno con intereses particulares, entre los que se incluye el Estado, el sector privado, los pueblos originarios y la comunidad científica. Este panorama no deja por fuera multiplicidad de ideologías, que van desde el consumo depredador, la dominación, la colonización encubierta, y tantos otros usos como fines políticos específicos.

El turismo se está transformando en una de las mayores industrias del mundo, dando lugar a una verdadera industria del patrimonio, en la que éste es utilizado con la lógica del espectáculo y del consumo. Esta manipulación desconoce intencionalmente los derechos políticos, económicos y culturales de los pueblos originarios, situación que no hace más que acentuar la polarización de la riqueza, el deterioro de los recursos naturales, y el uso elitista del patrimonio de los pueblos originarios.

Al respecto, puede mencionarse la polémica actual en relación a los niños de Llullaillaco. En marzo de 1999 un grupo de investigadores de la Universidad Católica de Salta, con el apoyo de organizaciones internacionales (National Geographic Society) y el aval del gobierno de la provincia de Salta, realizó una expedición al volcán Llullaillaco, a 6700 metros sobre el nivel del mar, donde hallaron 3 niños pertenecientes a la Civilización Inca. Este Santuario de altura, tal como es denominado por el Museo de Arqueología de Alta Montaña (M.A.A.M) corresponde al lugar en el que se realizaba el ritual conocido como Capacocha. “Hoy, este maravilloso hallazgo está aquí, conservado, investigado y presentado al público en el Museo de Arqueología de Alta Montaña de la provincia de Salta, que propone un viaje de 500 años para ver y entender una cultura que aún hoy permanece viva.”[1]

Si bien la estructura y dinámica del museo se presenta de manera que, bajo una mirada ingenua, puede significar la contemplación de determinados derechos, diversos actores –las propias comunidades, sectores del mismo museo, grupos de investigadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta, público en general- se han pronunciado en contra, instalando el debate, así como también un genuino ejercicio de ciudadanía.[2]

En el mismo sentido, podemos referirnos al sitio denominado Ruinas de los Quilmes, las cuales se encuentran en la zona de los valles calchaquíes, en la provincia de Tucumán. La antigua ciudad de los Quilmes fue investigada a principios del siglo XX, luego el sitio perdió interés científico hasta 1977, momento en que el gobierno de la provincia decide su reconstrucción con fines turísticos. En el año 1992 el sitio fue dado por decreto a concesión a un inversionista privado, autorizando en 1995 la construcción de un hotel dentro de los límites del sitio, sobre los cimientos de recintos domésticos santamarianos.

La visita al sitio permite apreciar la utilización mercantil del mismo. Encontramos un pequeño museo con algunas piezas del lugar, un local dedicado a la venta de productos artesanales y no artesanales (fotos, remeras, etc), un bar, y para finalizar, el hotel en que tiene hasta una piscina (sic)



Al interior del museo, los relatos sobre la historia de los indios Quilmes, los presenta como pueblo extinto, luego de haber sido trasladados a la provincia de Bs. As. Podría pensarse que nos encontramos aquí, frente a un desconocimiento intencional, ya que hace algunos años las poblaciones de los alrededores se constituyeron como Comunidad India Quilmes, efectuando, en la actualidad, reclamos de tierras en la región. En este caso, el Estado no se ha pronunciado al respecto, siendo la comunidad indígena sistemáticamente ignorada en su condición de sujeto de derechos en lo que respecta, no sólo al paisaje arqueológico y objetos, sino en su pertenencia a la tierra.

Estas mismas situaciones se replican en diversos puntos de la Argentina, donde se registra la aplicación de determinadas prácticas en detrimento de los pueblos. Al respecto, se hace mención a la Quebrada de Humahuaca, y a la declaración de la misma como patrimonio de la humanidad. En consecuencia, más y nuevas activaciones patrimoniales y de turismo.





La declaración como patrimonio de la humanidad, su explotación económica y la ingerencia en el paisaje arqueológico, no sólo del Estado y las entidades privadas, sino también las entidades supranacionales, pone de manifiesto los procesos propios de la globalización, tal como han sido definidos previamente.

La activación como bien supranacional promete, a su vez, el desarrollo sustentable de la región y cierta reactivación económica que beneficiaría a los pobladores. Es importante mencionar, que los primeros cursos de capacitación realizados en Tilcara, promovidos por el gobierno provincial, el gobierno nacional y la UNESCO, fueron en relación a la gastronomía y la hotelería- Esto da cuenta no sólo del énfasis del supuesto desarrollo regional en la explotación turística, siendo nuevamente los pueblos cosificados de sujetos a objetos, como un elemento más del paisaje turístico, sino también del lugar social que les es otorgado.

DERECHOS Y PROPIEDAD

Los pueblos originarios como minorías activas
Las luchas que llevaron a cabo los pueblos indígenas durante siglos para mantener su identidad en torno a una cultura propia, en conjunción con la crisis generalizada de los modelos desarrollistas, facilitaron que, con mayor frecuencia, los gobiernos y sociedades civiles de los países de América Latina reconozcan el derecho de los pueblos originarios a mantener su identidad y su especificidad cultural, considerándolos como integrantes legítimos de Estados multiétnicos.

Las poblaciones indígenas sobrevivieron al avance de las fuerzas de la modernidad. Mucho fue lo que perdieron, pero también mucho lo que resignificaron, inventaron y revivieron en contextos complejos y oposicionales. En este sentido, y retomando los aportes de Moscovici y Doms (1986), las denominamos como minorías nómicas activas.

Las minorías se conciben, por un lado, a partir de criterios cuantitativos, es decir, constituyen una fracción relativamente menos numerosa. Sin embargo, para que las mismas puedan desarrollar procesos de innovación y cambio, deben no sólo estar reconocidas socialmente, sino además, poseer ciertos elementos idiosincráticos que los caracterizan como grupo diferenciado. En este sentido, las distintas comunidades, así como también los pueblos originarios como totalidad, no rechazan las normas dominantes –en este caso lo establecido por el Estado y los organismos internacionales y supranacionales- por no comprenderlas o por no poder adoptar esas normas, sino que las rechazan como consecuencia directa de un posicionamiento distinto. “Una minoría nómica, al contrario que una anómica, adopta y proclama una norma de recambio, una contra-respuesta que responde con mayor precisión que la norma dominante a sus creencias, sus necesidades o a la realidad efectiva.” (Moscovici; Doms 1986: 78)

Los recursos culturales –materiales, demográficos, conocimiento, emotivos, simbólicos, comunicacionales- son definidos como todos aquellos dispositivos de una cultura que son necesarios poner en juego para concretar un proyecto social y conseguirlo. El interjuego entre los procesos de dominación y resistencia genera la emergencia de culturas diferenciadas -cultura autónoma, cultura enajenada, cultura apropiada, cultura impuesta- a partir de dos ejes: propiedad de los recursos culturales –propia/ajena- y decisión en lo que respecta a dichos recursos –propia/ajena.

En esta sentido, es posible pensar sobre la posibilidad de un movimiento en nuestro país, de alguna forma de restitución de los objetos concentrados en los grandes museos capitalinos a los museos regionales, locales o incluso a sus propietarios originales, cuando ellos aún existan como grupo con identidad cultural propia. ¿En qué serían diferentes los museos de arqueología si las naciones indias del continente compartieran en ellos el poder de decisión junto a museólogos y arqueólogos, respecto de qué piezas exhibir, como distribuirlas y como organizar las colecciones?

Pueblos originarios y legislaciones garantistas
La determinación sobre qué debe ser protegido, por quién y con qué propósito ha sido, por lo general, dominio del Estado y los arqueólogos, y los reclamos de los pueblos indígenas se vieron frustrados en un sistema legal de protección que no dio –ni da- lugar a la participación de terceros. “En la actualidad, la ineficacia del Estado Nacional como custodio del patrimonio ha generado en la sociedad civil y particularmente en comunidades y agrupaciones indígenas, un mayor interés en cuestiones relativas a la preservación cultural, que se han traducido en reclamos diversos. En ese marco, las categorías utilizadas en la legislación vigente resultan insuficientes para proteger adecuadamente un patrimonio que se está volviendo menos nacional, unívoco y científico para tornarse más local, multívoco y subjetivo.” (Curtoni y Endere 2003:278)

Como consecuencia de los reclamos que los pueblos originarios vienen haciendo hace tiempo, el Estado promulgó algunas leyes sociales destinadas a las comunidades indígenas, leyes que finalmente caen en lo que denominamos letra muerta, ya que por un lado promueve ciertos derechos, a la vez que sosteniendo el uso indiscriminado del patrimonio de los pueblos originarios.

A modo de ejemplo, podemos reflexionar sobre el caso de las restos humanos hallados en el volcán de Llullaillaco, hecho que pone de manifiesto el conflicto entre el discurso legal y el de los pueblos originarios. En 1999, el centro Indígena Kolla de Salta presentó una denuncia ante el fiscal federal solicitando que promueva acciones frente a lo que consideraba una violación a los derechos de los antepasados. El fiscal desestimó la denuncia aduciendo que la expedición contaba con la autorización del gobierno provincial. El resultado de esto fue la denegación de derecho de consulta a los pueblo indígenas, y en consecuencia, una acción anticonstitucional, ya que nuestro país ha reconocido la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, a partir de la aceptación, ratificación e incorporación de los tratados internacionales en la Constitución Nacional (art. 75).

Asimismo, la Ley 25.517 establece que los museos deben poner a disposición de las comunidades indígenas los restos humanos que formen parte de sus colecciones, y su vez explicita que “cualquier emprendimiento científico que tenga por objeto a las comunidades aborígenes, incluyendo su patrimonio histórico y cultural, deberá contar con el expreso consentimiento de la comunidad interesada.”(Ley 25.517; art. 3) Está demás volver a mencionar que es precisamente esto lo que no sucede ni en los ejemplos mencionados -Niños de Llullaillaco; Ruinas de los Quilmes- ni en tantas otras situaciones.

Por otro lado, y hasta podría decirse en contradicción a ciertas legislaciones, la Ley 25.743 de Protección del Patrimonio arqueológico y paleontológico, considera al patrimonio arqueológico como una parte integrante del patrimonio nacional y le da la tutela y titularidad del mismo al Estado Nacional, sin mencionar en absoluto la participación de los pueblos originarios en dichas políticas. Esta situación de desigualdad también ha suscitado reclamos por parte de las comunidades, ya que lo consideran violatorio y anticonstitucional, de acuerdo a lo plasmado en el artículo 75 de la Constitución Nacional. Al respecto se haría necesario, tal como lo expresan las propias comunidades, “promover los mecanismos pertinentes para que la ley 25.743/03 sea revisada integralmente y modificada luego de un proceso de consulta y debate en cual participen los pueblos originarios, los arqueólogos y todos los demás actores sociales que tengan un interés genuino en la protección de dicho patrimonio, a fin de tener en cuenta la multiculturalidad implica en el tratamiento del mismo”(Declaración de Rio Cuarto- Mayo 2005)


CONSIDERACIONES FINALES

Como se intentó sostener a lo largo de las argumentaciones previas, el proceso de construcción patrimonial está vinculado a la utilización del mismo como recurso de unificación nacional, es decir, crear-sostener la identidad nacional. En la actualidad, se incluyen, dentro de esa dinámica, los procesos de globalización, a partir de los cuales se resignifican procesos y fenómenos desde la lógica del Mercado.

Sin embargo, estos discursos hegemónicos y dominantes, traen implícito la emergencia de discursos de resistencia y procesos de lucha, en los que las comunidades son protagonistas en lo que respecta a la defensa de sus derechos y reivindicaciones culturales. En este sentido, otorgar un carácter dinámico y social al patrimonio, revaloriza “a los pueblos y culturas vivientes en relación con los paisajes arqueológicos, incluyendo el entrono natural como parte del patrimonio, implica la inclusión de diferentes actores sociales y puntos de vista en la definición y gestión del patrimonio arqueológico.” (González Montes 2005:11)

Frente a este estado de situación es central reflexionar y deconstruir-construir el lugar social que la arqueología como disciplina, y el quehacer antropológico en particular. Los arqueólogos no son neutros, sino que su accionar da cuenta de determinado posicionamiento que alude a condicionamientos ideológicos. Es necesario reconstruir los lugares sociales desde los cuales se acercan a las comunidades, y poder trabajar con estos grupos sociales oprimidos del continente americano: los pueblos originarios. Intentar ser funcionales socialmente, tomando parte por reclamos de los pueblos originarios y, acompañando a éstos en su lucha por la restitución de su patrimonio cultural. Es necesario que desde los campos académicos, sea cual sea la disciplina, se considere su rol social,( Gili 2005) tomando conciencia del mismo, especialmente en lo que hace a las ciencias sociales que pretenden involucrarse en procesos de reconstrucción de memoria social y colectiva.

Hoy en día la arqueología se encuentra atravesada por situaciones de conflicto moral, se ve cuestionada en cuanto por el tratamiento que hacen de su objeto de estudio, por diversos actores sociales. No puede definirse exclusivamente desde el segmento de ente académico, sino que, los arqueólogos –como toda otra disciplina- en tanto actores sociales son portadores de sentidos, involucrándose ética, social y políticamente.( Gili. 2005)

El desafío sería entonces, poder identificar y explicitar el entramado de condicionamientos sociales, políticos, económicos, culturales, que condicionan nuestro acercamiento a los objetos de estudio, es decir, a los sujetos, fenómenos y procesos que intentamos comprender.


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
• Bayardo, R. (1997). Globalización, Regionalización y Cultura. [On Line]. Disponible en: www.naya.org.ar.
• Constitución Nacional de la República Argentina.
• Curtoni, R y Endere, M (Editores). (2003). Análisis, Interpretación y Gestión en la Arqueología de Sudamérica. Serie teórica Numero 2. Olavaria: INCUAPA/ UNICEN
• Declaración de Rio Cuarto. (2005). En Primer Foro Pueblos Originarios–Arqueólogos. Rio Cuarto. Documento no publicado.
• Delfino, D; Rodríguez, P. (1992) Los Museos de Arqueología. Ausencia del Presente en las representaciones del Pasado. [On Line]. Disponible en: www.naya.org.ar.
• Delfino, D; Rodríguez, P. (1995) La re-creación del pasado y la invención del patrimonio arqueológico. Publicar en Antropología y Ciencias Sociales, 2. Buenos Aires.
• Díaz Polanco, H. (2000) Etnia, clase y cuestión nacional. En Díaz Polanco, H (comp.). Etnia y Nación en América Latina. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
• García Canclini, N. (2002). Culturas populares en el capitalismo. México: Grijalbo
• Gili, M. (2005). La reflexión ética aplicada al patrimonio cultural arqueológico. En 1º Congreso Latinoamericano de Antropología. Rosario.
• González Montes, A. (2005). Patrimonio arqueológico y pueblos indígenas. En 1º Congreso Latinoamericano de Antropología. Rosario.
• Lappassade, G. (1979) El analista y el analizador. Barcelona: Gedisa.
• Ley 23.302. Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas para la protección y apoyo a las comunidades aborígenes. [On Line] Disponible en: www.bioteca.org
• Ley 25.517. Comunidades Indígenas. [On Line] Disponible en: www.bioteca.org
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• Lourau, R. (1994). El análisis institucional. Amorrortu: Buenos Aires.
• Mantecón, A. R. (2005). Las disputas por el patrimonio. Transformaciones analíticas y contextuales de la problemática patrimonial en México. En García Canclini (coord.) La antropología urbana en México. México: CONACULTA; Universidad Autónoma Metropolitana; UNAM.
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• Moscovici; S. ; Doms, M. (1986). Innovación e influencia de las minorías. En Moscovici (comp.) Psicología Social. Cognición y desarrollo humano. 2 vol. Barcelona: Paidós.
• Rocchietti, A. M. (1998). Cultura e Identidad en Los Andes. ANTI, 1,1.



[1] Fragmento del folleto de difusión del M.A.A.M.
[2] Comunicación personal con personal del MAAM, Salta, septiembre de 2006. En la actualidad los Niños de Llullaillaco no están siendo expuestos en el museo, a pesar de las presiones de determinados sectores, en el que se incluyen a los “turistas” que también reclaman poder ver completamente el espectáculo que se ofrece.